La sociedad española celebra estos días el 25º aniversario de la Ley General de Sanidad, promulgada el 25 de abril del año 1986 como garante del derecho a la salud que la Constitución Española nos otorga a todos los españoles en su artículo 43: reconociendo el derecho a la protección de la salud, la competencia de los poderes públicos a la hora de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios estableciendo la ley los derechos y deberes de todos al respecto y el fomento de la educación sanitaria, la educación física y el deporte y la adecuada utilización del ocio.

Dicha Ley General estructurada en varios capítulos contiene aspectos fundamentales como la organización general del sistema sanitario público, los servicios de salud de las comunidades autónomas, las áreas de salud, la coordinación general sanitaria, la financiación y el personal ocupado en dichas tareas.

La Ley General de Sanidad posibilitó el tránsito del antiguo modelo de Seguridad Social al actual modelo de Sistema Nacional de Salud (SNS), financiado con impuestos y de cobertura prácticamente universal.

Desde entonces se han venido produciendo cambios importantes como la descentralización en materia de salud de la mano de las transferencias de dichas responsabilidades a las Comunidades Autónomas, todo ello coordinado a través del Consejo Interterritorial, cuya creación se produce según Ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión de la Calidad del Sistema Nacional de Salud.

La cartera de servicios comunes del SNS se establece en el Real Decreto 1030/2006 de 15 de Septiembre, actualizando el Real Decreto 63/1995 de 20 de enero sobre Ordenación de las Prestaciones Sanitarias, resultando todo ello en el actual panorama legislativo con la descentralización de competencias y gestión de los presupuestos.

Es verdad que todos nos hemos de felicitar por los logros conseguidos, que son muchos y que nos han llevado a que nuestro sistema público de salud sea reconocido no solo por pacientes y usuarios sino también fuera de nuestras fronteras; a que la esperanza de vida nos coloque en una situación preponderante respecto a países de nuestro entorno occidental que también desarrollan marcos sociales de bienestar y por lo tanto a que los resultados de salud en términos generales hayan sido más que positivos.

En cualquier caso no podemos bajar la guardia ante este panorama realista en cuanto a resultados. Nuestro sistema de salud hoy adolece de una serie de necesidades relacionadas con la eficiencia en la utilización y consumo de recursos que precisan de una estrategia urgente de todos los operadores sanitarios, de todos los integrantes de la cadena de valor del segmento de la salud en España.

Según apuntan los expertos, nuestro sistema público está inmerso en un proceso de trasformación orientado a garantizar la máxima eficiencia de las prestaciones y servicios de una forma responsable, es decir, ofertando al paciente la mejor calidad al mínimo coste posible.

Ante un panorama incierto con un sistema de gestión pública desbordado por la demanda creciente, el envejecimiento de la población, el constante incremento de las patologías crónicas y la innovación incesante, ya viene siendo hora de que se reconozca el papel fundamental del sector sanitario privado en la definición, sostenibilidad y solvencia de un más que necesario sistema público que continúe aportando los mismos valores que ha ofertado hasta el momento a nuestra sociedad.

Sólo hay una Medicina y un único paciente tanto para el sector público como para el privado y lo más importante sin duda son y seguirán siendo los resultados de salud. La sanidad privada no puede ser considerada dual de la pública, como viene sucediendo, sino que ambas son sistemas complementarios, y ambas deben integrarse y co-existir de una forma sinérgica, para garantizar la mejor oferta asistencial a los pacientes.

Casi diez millones de pólizas de aseguramiento sanitario privado, que se mantienen constantes en el tiempo, expresan bien a las claras la alta valoración que merecen los hospitales y clínicas privadas, así como las aseguradoras del ramo de salud para los pacientes. De los cerca de 10 millones de usuarios aproximadamente (20 por ciento de la población española) un 60 por ciento lo hacen por medio del pago de una doble cobertura a través de un seguro privado y un 25 por ciento fruto de la capacidad de elección que el régimen de las mutualidades públicas les permite entre el sistema sanitario público y el privado, eligiendo este último en más del 85 por ciento de los casos.

No está de más recordar que el sector sanitario privado aporta además un gran valor añadido en términos de desarrollo económico y social para nuestro país, representando más del 30 por ciento del conjunto de la sanidad española, el 2,4 por ciento del PIB con una cifra próxima a los 30.000 millones de euros, cerca de 500 hospitales y 56.000 camas aproximadamente. Dispone de los mejores recursos para la atención de los pacientes y para contribuir a que el conjunto de la Sanidad de nuestro país siga manteniendo una alta valoración a nivel interno e internacional.

El sector sanitario privado con una cifra de 230.000 empleos fijos, buena parte de ellos con una alta cualificación profesional, está incrementando de forma significativa las tareas asistenciales, de formación, innovación e I+D+i en toda la red de hospitales privados de nuestro país, contribuyendo de una forma directa al cambio de modelo económico de España basado en la innovación, la investigación y el desarrollo.

La sanidad privada ofrece un complemento de calidad a quien quiere un sistema complementario a la sanidad pública y, por otra parte oferta prestaciones no cubiertas por ella y dado el carácter voluntario y suplementario que se realiza a las cuotas de la seguridad social, suponen un ahorro para el sistema público de salud que se cifra en 1.300 euros por usuario y año aproximadamente.

Teniendo en cuenta esta realidad, desde el mismo momento que la persona física paga por su salud, al igual que paga a través de la Seguridad Social, sería de justicia social que el usuario de la sanidad privada no tuviera desventajas con respecto al usuario de la sanidad pública, puesto que está descargando de gasto a la Sanidad pública. Éste sería, el punto de partida para estimular la complementariedad y no la dualidad entre sistemas.

Se hace necesario promover por tanto los valores que incorpora la sanidad privada a la población y las instituciones. La reciente creación del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) responde a la necesidad de aunar intereses comunes en el ámbito de la provisión y aseguramiento sanitario privado, promoviendo la sanidad privada en un contexto de colaboración y complementariedad con la sanidad pública.